Éstas son las medidas finalmente acordadas para atajar la crisis de Chipre

Por Eduardo Garzón Espinosa

Después de varios días de negociación, la troika (Banco Central Europeo, Unión Europea y Fondo Monetario Internacional) y el gobierno de Chipre han alcanzado un acuerdo para evitar la quiebra del sistema bancario chipriota. A cambio de una ayuda parcial prestada por la troika, el gobierno chipriota impondrá las siguientes medidas:

1)      Revisará todos los compromisos de los bancos afectados con la intención de no cumplir buena parte de ellos en relación a determinados acreedores. Es decir, los bancos no devolverán parte del dinero a sus accionistas, por lo que éstos sufrirán cuantiosas pérdidas. Recordemos que los accionistas y otro tipo de acreedores invirtieron su dinero en estas entidades siendo conscientes de que afrontaban un riesgo; podían ganar o perder. Resulta que han perdido y por lo tanto es lógico que ahora tengan que asumir pérdidas.

2)      Se aplicará un impuesto extraordinario a los depósitos bancarios de más de 100.000 euros, quedando a salvo los que dispongan de una cantidad inferior. La cuantía de este impuesto confiscatorio está por determinar, aunque se baraja la posibilidad de que alcance un 20% del total. Mientras este impuesto no se materialice, los bancos seguirán cerrados para evitar que los depositantes afectados puedan retirar sus ahorros. Con esta medida se busca trasladar los costes del desbarajuste bancario a los depositantes más acaudalados. En la medida en que paguen aquellas grandes empresas y grandes fortunas que han depositado allí sus ahorros con el objetivo de evadir impuestos, la disposición podría tener bastante sentido. Pero no olvidemos que no todos los depositantes con más de 100.000 euros en sus cuentas buscan eludir sus obligaciones fiscales.

3)    Se mantendrán los controles de capitales aprobados el pasado viernes 22 de marzo. Estos controles son topes legales a la salida de dinero del país. Se trata de evitar que los extranjeros retiren sus ahorros e inversiones de los bancos chipriotas una vez éstos abran sus puertas (en principio lo harán el martes 26 de marzo). Estos extranjeros tendrán que mantener su capital en el país, ya sea en forma de depósitos o en forma de otros activos locales. Al mismo tiempo, los inversores chipriotas tampoco podrán utilizar su dinero para invertir fuera del país. Los controles de capitales son medidas que secuestran el dinero que actualmente está en el país, obligándolo a no abandonar su territorio. Se trata de una disposición no convencional, incluso enfrentada a los principios económicos vigentes en la Unión Europea, ya que atentan contra la libre circulación del capital. Sin embargo, estos controles de capitales también fueron aplicados en Islandia en 2008. El hecho de que en Islandia todavía sigan vigentes nos sugiere que no será una medida pasajera.

4)      El segundo mayor banco del país, y más afectado de todos, será dividido en dos partes. En una de ellas irán a parar todos los depósitos por debajo de 100.000 euros; mientras que la otra parte recogerá todas las acciones, obligaciones y depósitos que vayan a sufrir una quita. Es decir, los elementos sanos del banco se agruparán formando un nuevo banco (banco bueno), y los elementos que sufrirán las pérdidas se agruparán formando un banco malo. La idea es que el banco bueno pueda seguir funcionando en condiciones normales, y así disipar todas las dudas de solvencia que mantienen muchos depositantes. El banco malo, en cambio, congelará todos sus activos y pasivos para que pueda ser liquidado de una forma ordenada (proceso que requiere mucho tiempo). Por cierto, ésta es otra medida que se llevó a cabo durante la crisis islandesa.

5)      Se obligará al Estado chipriota a no superar una deuda pública del 100%, para lo cual se acometerán diversos recortes, reformas y privatizaciones. A falta de mayor concreción en las medidas y en los plazos no se puede decir mucho más de estas medidas. En principio, supondrán un duro golpe para la economía chipriota ya que enfriarán su actividad, por lo cual es fácil prever una profunda y larga recesión. Ahora bien, podría ocurrir que –como en el caso islandés– no se exigieran estas medidas de inmediato, sino que se establecieran dentro de un tiempo suficiente como para poder amortiguar los efectos más duros de la recesión.

Nos encontramos, por tanto, con una respuesta a esta crisis mucho más inteligente que la que se propuso inicialmente. Los pequeños depositantes no tendrán que pagar los platos rotos de la banca, –tal y como se temía en un principio– y conservarán intactos sus ahorros. El coste del rescate bancario será asumido por los accionistas, por los depositantes más acaudalados, y por el Estado chipriota que tendrá que privatizar propiedades, aumentar impuestos y reducir gastos. Se trata de una respuesta muy alejada de la que podría considerarse ideal, y sin embargo, ya la quisiéramos para nosotros los ciudadanos españoles, griegos, portugueses e irlandeses. En el caso chipriota buena parte de los costes serán trasladados a los accionistas y a las grandes fortunas y grandes empresas que evaden impuestos en el país, mientras que en el caso de los denominados PIGS (Portugal, Italia, Grecia y España, por sus siglas en inglés) la mayor parte del coste es trasladada íntegramente al ciudadano de renta media y baja. Diferencias que en parte se pueden explicar atendiendo a la nacionalidad de los acreedores: mientras en el caso de los PIGS los acreedores son fundamentalmente bancos alemanes y franceses, en el caso de Chipre los acreedores son básicamente empresas y fortunas extracomunitarias. Si unimos esta constatación al hecho de que sean los dirigentes alemanes y franceses los que llevan la voz cantante en la troika, entenderemos mucho mejor el trato diferenciado en la crisis chipriota.

Fuente: http://eduardogarzon.net/estas-son-las-medidas-finalmente-acordadas-para-atajar-la-crisis-de-chipre/

ATTAC Málaga no se identifica necesariamente con los contenidos publicados, excepto cuando son firmados por la propia organización.

UN EJEMPLO PARA UNA EUROPA EN CRISIS: ECUADOR SE NEGÓ A PAGAR LA DEUDA Y PROSPERÓ

Por CARLOS JÁTIVA, Embajador de Ecuador en París

Como España hoy, hace unos años, Ecuador era el país sudamericano que más parte de su presupuesto consagraba al pago de su deuda soberana. En 2005, Quito atribuyó el 40% del presupuesto público al pago de los intereses de la deuda mientras los gastos de sanidad y educación se reducían al 15%. Se satisfacía primero a los acreedores extranjeros, en detrimento de las necesidades fundamentales de la población. Un endeudamiento ilegítimo, una dependencia económica y financiera y un aumento de las desigualdades constituían las principales características de aquel Ecuador. Ante ese estado de hechos, en noviembre de 2006, a través de la vía electoral, los ecuatorianos llevaron a Rafael Correa a la presidencia de la República. Y con él todo cambió.

Al asumir el cargo en enero de 2007, Rafael Correa preconizó una “Revolución Ciudadana”, no violenta y democrática, que favoreciera la integración, la solidaridad y la equidad. Para alcanzar tales objetivos, era necesario asumir el poder a fin de transformarlo en poder popular, para provocar cambios en las estructuras desiguales existentes, puesto que el verdadero de­sarrollo sólo es posible a través de la modificación de las relaciones en el seno de la sociedad.

Correa decidió optar por la vía alternativa de dedicar los fondos estatales al gasto social y productivo, reduciendo de forma significativa la proporción del presupuesto asignada al pago de la deuda externa, y aumentando considerablemente la inversión humana. La realización de esta política fue posible gracias, en gran medida, a los resultados de la auditoría de la deuda externa y al rechazo de las deudas consideradas ilegítimas. Para lograrlo, Ecuador tuvo que atravesar un camino plagado de obstáculos. 

En el periodo de 1982 a 2006, la deuda externa en su totalidad (privada y pública) no hizo más que aumentar. Las ligeras “correcciones” derivadas de las diferentes condonaciones y renegociaciones nunca llegaron a frenar su vertiginoso ascenso, que pasó de 241 millones de dólares en 1970 a 17.000 millones de dólares en 2006. Representó como media, en el conjunto del mismo periodo, casi el 61% del producto interior bruto (PIB). Ecuador padecía entonces una verdadera hemorragia: si se calcula la diferencia entre las sumas recibidas de los prestamistas extranjeros y las sumas reembolsadas, se constata que la transferencia neta respecto a la deuda era negativa.

En ese periodo, más de 13.500 millones de dólares salieron de Ecuador para reflotar a los diferentes acreedores extranjeros. Así pues, esa lacra se fue transformando en un instrumento de dominación y de expolio de los países deudores, concebido por y para los países acreedores y las instituciones financieras internacionales. Además, Quito transfirió más de mil millones de dólares a los organismos multilaterales –Banco Mundial, Banco Interamericano de Desarrollo, Banco de desarrollo de América Latina, Fondo Monetario Internacional– y, sin embargo, su deuda aumentó.

Los intereses de la deuda representaban, en 2004, el 145% de los ingresos fiscales petroleros y, en 2006, el 200%... Si esta tendencia se hubiera mantenido, Ecuador hubiera agotado sus reservas petroleras en 25 años sin haber invertido esa riqueza en apoyar su desarrollo. Por otra parte, sólo el 14% de las sumas prestadas entre 1989 y 2006 se utilizaron para proyectos de desarrollo (agua potable, energía, irrigación, transportes, telecomunicaciones, infraestructura social y apoyo a las empresas). El 86% restante sirvió para devolver el capital y los intereses de la deuda externa.

El presidente Rafael Correa se comprometió a poner fin a semejante círculo vicioso del pago de la deuda y de acuerdos para la refinanciación de todo tipo. Para ello, creó la “Comisión para la Auditoría Integral del Crédito Público” (CAIC) el 7 de julio del año siguiente. El Gobierno pretendía de ese modo impulsar la identificación de las deudas ilegítimas, tanto con los acreedores multilaterales (BM, FMI, BID) como con los acreedores bilaterales. En base a los resultados de la auditoría, Ecuador renegociaría entonces el pago de la deuda externa. Decidió no pagar las deudas que no hubieran beneficiado a la población o que se hubieran contraído de forma fraudulenta, y emprender acciones jurídicas contra los responsables de la situación de endeudamiento. 

La posición de Correa fue clara: la deuda externa se pagará en la medida en que no afecte a las prioridades del desarrollo nacional. Posición que no excluye la opción de una moratoria si la situación económica lo exige. El Gobierno se posicionó así como “país acreedor” frente a una deuda ya ampliamente pagada y de la cual una buena parte era ilegítima, lo que justificaba su no devolución.

Un ejemplo de deuda ilegítima fue la decisión del Gobierno noruego de anular la deuda ecuatoriana. A finales de los años 1970, la industria noruega de construcción naval se encontraba en mala situación. Oslo decidió poner en marcha una “Campaña de exportación de navíos” y se aprobaron numerosos préstamos sin considerar la realización efectiva de los proyectos previstos ni la capacidad de reembolso de los países deudores. De los 36 proyectos concluidos con 21 países, sólo dos consiguieron satisfacer su deuda. Ecuador fue uno de los países que no llegó a hacerlo. Gracias a la presión de activistas por la anulación de la deuda tanto en Noruega como en Ecuador, el Parlamento y el Gobierno noruegos terminaron por tomar conciencia de que tales actuaciones eran inadmisibles. El 2 de octubre de 2006, el ministro noruego de Desarrollo Internacional anunció la anulación de la deuda para los países que, como Ecuador, aún debían entonces 36 millones de dólares.

Las renegociaciones con los acreedores internacionales habían empezado en 1983 cuando la deuda comercial de las empresas privadas ecuatorianas pasó a ser responsabilidad del Estado, ya que éstas no tenían recursos para cumplir con sus obligaciones económicas (como pasa hoy en España con los bancos). El proceso de renegociación conoció diversas peripecias, pero las cosas no cambiaron realmente hasta que, en 2007, siete meses después de su elección, el presidente Correa decidió crear la CAIC. Las conclusiones mostraron que numerosos préstamos habían sido concedidos violando reglas elementales del derecho internacional.

Como ocurre hoy en Grecia, en Portugal o en España, esas condiciones de crédito aceptadas obligaron a Ecuador a iniciar reformas estructurales que garantizaran modelos de pago de la deuda, en detrimento del crecimiento económico y de los derechos sociales de la población. 

Se llegó así a la sexta renegociación, en noviembre de 2008. Quito decidió suspender el pago de títulos de deuda con fecha de vencimiento, algunos para 2012, y otros para 2030. Rafael Correa propuso una reestructuración de la deuda, no por falta de dinero, sino porque existían indicios de ilegitimidad y de ilegalidad de la deuda. El Presidente Correa señaló que la renegociación debía tener en cuenta, no sólo las exigencias de los acreedores, sino también las demandas del Gobierno, tomando ante todo en consideración las posibilidades de pago del país, únicamente después de haber satisfecho las necesidades sociales del pueblo.

En junio de 2009, Ecuador consiguió readquirir títulos de deuda por valor de 3.200 millones de dólares por sólo 900 millones de dólares, es decir, con una reducción de entre un 65% y un 70% de su valor. Si tenemos en cuenta los intereses que Ecuador ya no tendrá que pagar, puesto que ha comprado títulos que vencen en 2012 y en 2030, el Tesoro Público ahorró en torno a 7 280 millones de dólares para los próximos 21 años. Esto ha permitido encontrar nuevos medios financieros y aumentar el gasto social en la sanidad, la educación, la ayuda social y el desarrollo de infraestructuras de la comunicación.

Como consecuencia, la deuda de Ecuador descendió de 17.475 millones de dólares en 2008 a 13.686 millones en mayo de 2011, lo que representa una reducción de 3.789 millones de dólares. El saldo de la deuda externa pública fue restablecido a 8.705 millones, mientras que el de la deuda privada quedó en 4.981 millones.

Esta actitud original y soberana del Gobierno responde a preceptos precisos inscritos en la nueva Constitución ecuatoriana aprobada por sufragio universal en septiembre de 2008. En especial, el artículo 290 somete todo endeudamiento futuro a las siguientes reglas:

1. Se recurrirá al endeudamiento público sólo cuando los ingresos fiscales y los recursos provenientes de la cooperación internacional sean insuficientes.

2. Se velará para que el endeudamiento público no afecte a la soberanía, los derechos, el buen vivir y la preservación de la naturaleza.

3. Con endeudamiento público se financiarán exclusivamente programas y proyectos de inversión para infraestructuras, o que tengan capacidad financiera de pago. Sólo se podrá refinanciar deuda pública externa, siempre que las nuevas condiciones sean más beneficiosas para Ecuador.

La no devolución de la deuda decidida por Rafael Correa, le ha permitido a Ecuador ahorrar casi 7.000 millones de dólares (intereses incluidos), que se han reinvertido en el ámbito social.

Por otra parte, entre 2006 y 2011, el porcentaje del presupuesto estatal dedicado a la devolución de la deuda pasó del 24 al 7%, mientras que el relativo a los gastos sociales aumentó del 12 al 25%. Además, el crecimiento del PIB alcanzó una media del 4% desde 2006 y de un 7,8% en 2011, lo que permitió financiar el aumento de los salarios, las pensiones y la mejora general de las condiciones de vida.

En mayo de 2010, a raíz de un encuentro con el ex primer ministro griego Yorgos Papandreu, Rafael Correa le aconsejó, pero en vano, que Atenas dejase de pagar su deuda. Le explicó en términos simples pero significativos: “Es la lógica financiera: te caíste, me pagas más y más caro. Cuando la lógica del desarrollo tendría que ser: te caíste, pues te levanto y después ya veremos cómo nos arreglamos”. Reiteró este consejo el 8 de octubre de 2011 a los países europeos afectados por la “crisis de la deuda”, que no es más que un pretexto para la implementación de políticas austeritarias.

Si analizamos las medidas regionales, coherentes con las políticas mencionadas, se puede destacar que en marzo de 2007, siete países de UNASUR (Argentina, Venezuela, Bolivia, Ecuador, Paraguay, Brasil y Uruguay) decidieron restablecer márgenes de maniobra creando el Banco del Sur, una institución financiera que dispondrá de una parte de las inmensas reservas –entre 7.000 y 20.000 millones de dólares– para el desarrollo del continente.

Y Ecuador añadió otros dos pilares a la nueva arquitectura financiera regional con la Declaración de Quito de mayo de 2007. Propone la creación de un fondo de estabilidad regional, el Fondo del Sur, y una unidad de cuenta común que abra el camino a la futura unión monetaria sudamericana. De ahí el SUCRE, o Sistema Unitario de Compensación Regional de Pagos, boceto de una moneda común.

Tras cinco años de Revolución Ciudadana, Ecuador ha logrado encontrarse por primera vez en una situación que le permite realizar una distribución adecuada de la renta y la riqueza, promover la producción nacional, la integración regional, el respeto a los derechos de los trabajadores y la estabilidad económica.

Aunque todavía quedan objetivos por alcanzar, las cifras de la revolución productiva y económica son reveladoras de un cierto optimismo. El paro y los contratos precarios se han reducido, la pobreza ha disminuido. Según la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), Ecuador es el segundo país de la región que más ha reducido su índice de pobreza, que ha caído 9 puntos situándose en un 28,6%. En 2011, 650.000 personas salieron de la pobreza.

Gracias al crecimiento económico y a la gestión responsable de las finanzas, la deuda pública en relación al PIB ha descendido a su nivel más bajo en la historia. En octubre de 2011, se situaba en un nivel del 22% (14% de deuda externa y 8% de deuda interna). Ecuador ha conseguido imponerse a la deudocracia. Y ya no está en venta.

Fuente: http://www.monde-diplomatique.es/?url=mostrar/pagLibre/?nodo=c0c9a682-d412-4501-9cfd-cb6874237206

ATTAC Málaga no se identifica necesariamente con los contenidos publicados, excepto cuando son firmados por la propia organización.

Alemania contra Europa

Juan Torres López – Consejo Científico de ATTAC.

Es muy significativo que habitualmente se hable de “castigo” para referirse a las medidas que Merkel y sus ministros imponen a los países más afectados por la crisis.

Dicen a sus compatriotas que tienen que castigar nuestra irresponsabilidad para que nuestro despilfarro y nuestras deudas no los paguen ahora los alemanes. Pero el razonamiento es falso pues los irresponsables no han sido los pueblos a los que Merkel se empeña en castigar sino los bancos alemanes a quienes protege y los de otros países a los que prestaron, ellos sí con irresponsabilidad, para obtener ganancias multimillonarias.

Los grandes grupos económicos europeos consiguieron establecer un modelo de unión monetaria muy imperfecto y asimétrico que enseguida reprodujo y agrandó las desigualdades originales entre las economías que la integraban. Además, gracias a su enorme capacidad inversora y al gran poder de sus gobiernos las grandes compañías del norte lograron quedarse con gran cantidad de empresas e incluso sectores enteros de los países de la periferia, como España. Eso provocó grandes déficit comerciales en éstos últimos y superávit sobre todo en Alemania y en menor medida en otros países.

Paralelamente, las políticas de los sucesivos gobiernos alemanes concentraron aún más la renta en la cima de la pirámide social, lo que aumentó su ya alto nivel de ahorro. De 1998 a 2008 la riqueza del 10% más rico de Alemania pasó del 45% al 53% del total, la del 40% siguiente del 46% al 40% y la del 50% más pobre del 4% al 1%.

Esas circunstancias pusieron a disposición de los bancos alemanes ingentes cantidades de dinero. Pero en lugar de dedicarlo a mejorar el mercado interno alemán y la situación de los niveles de renta más bajos, lo usaron (unos 704.000 millones de euros hasta 2009, según el Banco Internacional de Pagos) para financiar la deuda de los bancos irlandeses, la burbuja inmobiliaria española, el endeudamiento de las empresas griegas o para especular, lo que hizo que la deuda privada en la periferia europea se disparase y que los bancos alemanes se cargaran de activos tóxicos (900.000 millones de euros en 2009).

Al estallar la crisis se resintieron gravemente pero consiguieron que su insolvencia, en lugar de manifestarse como el resultado de su gran imprudencia e irresponsabilidad (a la que nunca se refiere Merkel), se presentara como el resultado del despilfarro y de la deuda pública de los países donde estaban los bancos a quienes habían prestado. Los alemanes retiraron rápidamente su dinero de estos países, pero la deuda quedaba en los balances de los bancos deudores. Merkel se erigió en la defensora de los banqueros alemanes y para ayudarles puso en marcha dos estrategias. Una, los rescates, que vendieron como si estuvieran dirigidos a salvar a los países, pero que en realidad consisten en darle a los gobiernos dinero en préstamos que pagan los pueblos para traspasarlo a los bancos nacionales para que éstos se recuperen cuanto antes y paguen enseguida a los alemanes. Otra, impedir que el BCE cortase de raíz los ataques especulativos contra la deuda de la periferia para que al subir las primas de riesgo de los demás bajara el coste con que se financia Alemania.

Merkel, como Hitler, ha declarado la guerra al resto de Europa, ahora para garantizarse su espacio vital económico. Nos castiga para proteger a sus grandes empresas y bancos y también para ocultar ante su electorado la vergüenza de un modelo que ha hecho que el nivel de pobreza en su país sea el más alto de los últimos 20 años, que el 25% de sus empleados gane menos de 9,15 euros/hora, o que a la mitad de su población le corresponda, como he dicho, un miserable 1% de toda la riqueza nacional.

La tragedia es la enorme connivencia entre los intereses financieros paneuropeos que dominan a nuestros gobiernos, y que estos, en lugar de defendernos con patriotismo y dignidad, nos traicionen para actuar como meras comparsas de Merkel.

Artículo censurado en El País