sábado, 12 de octubre de 2013

El taylorismo y el fordismo

Por Eduardo Garzón 
Un aumento de productividad en el ciclo de producción (debido a una innovación técnica, organizativa, o de otro tipo) supone una mejora sustancial en el proceso que permite obtener avances en la eficiencia del mismo. Una mayor productividad permite básicamente producir lo mismo en menos tiempo (o con menos trabajadores) o producir más en el mismo tiempo (o con los mismos trabajadores). Las sociedades precapitalistas normalmente se decantaban por la primera opción, pero ya vimos que a las sociedades capitalistas no les queda más remedio que elegir la segunda vía. La feroz competencia a la que están sujetas la mayoría de empresas las empuja a mejorar sus estructuras de producción para poder vender más barato que sus competidores. Esto trae como consecuencia que los gerentes de las empresas estén permanentemente preocupados por lograr mejoras de productividad, pues de ello depende la supervivencia de su negocio.
Los aumentos de productividad han sido una constante en la historia del sistema capitalista. Sin embargo, estos avances no se han producido de una manera uniforme y en ocasiones han tenido una repercusión tan importante que han provocado enormes cambios en los procesos de acumulación e incluso en las sociedades en las que se enmarcan. El ejemplo más destacado al respecto es la conjunción del taylorismo y fordismo que terminaron conformando con el paso de los años una etapa del sistema económico capitalista que vino a denominarse capitalismo fordista.
A principios del siglo XX los repetidos e importantes conflictos entre trabajadores y empresarios normalmente terminaban bloqueando temporalmente los procesos de acumulación en las empresas. Los trabajadores exigían mejorar sus condiciones de vida y de trabajo fundamentalmente a través de subidas salariales, lo cual iba en contra de los intereses de los empresarios. Para conseguir este propósito llamaban a las huelgas para detener la producción hasta que sus peticiones fueran escuchadas. Estos paros laborales podían ser incluso más perjudiciales para el ciclo productivo que una pérdida de rentabilidad en el negocio provocada por aumentos salariales, por lo que en muchas ocasiones los propietarios de los medios de producción terminaban dando el brazo a torcer y negociando con los sindicatos de los trabajadores mejoras en las condiciones laborales.
En el contexto de estos conflictos las puntuales mejoras de productividad venían a solucionar buena parte de los problemas de ambos bandos, pues la nueva situación permitía mejorar los salarios de los trabajadores sin perjudicar la rentabilidad del negocio. Por este motivo los empresarios también deseaban lograr avances en materia de productividad. La productividad no sólo era buscada para poder sobrevivir a la competencia, sino también para sobrevivir a los conflictos internos en la organización del trabajo.
Y es en este contexto cuando surge el taylorismo u organización científica del trabajo. El taylorismo fue un método de organización industrial cuyo fin era aumentar la productividad gracias a un sistema de organización racional del trabajo. Se basaba en la plasmación del método científico en las actividades laborales mediante la separación organizada de las tareas, la articulación de las mismas en secuencias y en procesos, y en el cronometraje de dichas operaciones. Se eliminaban de esta forma los movimientos inútiles de los trabajadores y se simplificaba su labor. Los trabajadores pasaron a realizar actividades muy repetitivas y simples que no requerían una gran destreza, por lo que podían realizarlas de forma rápida y eficiente.
Esta nueva organización del trabajo trajo importantes aumentos de productividad. Al mismo tiempo que se elevaba considerablemente la producción, se pudieron mejorar las condiciones laborales de los trabajadores. No obstante, muy pronto empezaron a aparecer problemas asociados a esta nueva forma de organización del trabajo: en las fábricas donde se implantó esta lógica organizacional, el ritmo de producción se aceleró y sobrepasó al ritmo de consumo. Los consumidores (que en aquella época pertenecían principalmente a la élite de la sociedad) tardaban más en ir a comprar los productos de lo que los productos tardaban en ser fabricados. Puesto que el taylorismo consistía en una serie de actividades secuenciales cuya duración estaba cuidadosamente medida, la producción no podía ser ralentizada ni detenida, y esto implicó que los productos finales fueran acumulándose en los almacenes sin que se les pudiera dar una salida inmediata al mercado. Y como sabemos, si la empresa no puede deshacerse de lo que ha producido no obtendrá los beneficios necesarios para que su actividad sea rentable y entrará en una crisis de rentabilidad.
Este fue el problema que analizó Henry Ford unos años más tarde. Este fabricante de automóviles estadounidense se dio cuenta de que como los consumidores tradicionales de productos de elevada tecnología –como los automóviles– eran fundamentalmente personas con elevada capacidad adquisitiva y éstos no eran muchos, la cantidad de consumidores potenciales era muy insuficiente para dar salida a una producción que en algunos años se había multiplicado por diez gracias a la nuevas técnicas de organización laboral. La solución que encontró a este problema consistió en aumentar los salarios a sus propios trabajadores para que pudieran comprar los productos que ellos mismos fabricaban. Así lo explicó el propio Henry Ford: “Todos los negocios de los ricos no bastarían para hacer vivir una sola industria. Aquí la clase que compra es la clase trabajadora, y es necesario que se convierta en nuestra clase ‘acomodada’ si queremos dar salida a nuestra enorme producción… los empleados de una industria deben ser sus mejores clientes” (1).
De esta forma surgió el fordismo, que era precisamente la combinación de formas tayloristas con salarios elevados que permitían que los trabajadores pudieran incorporarse al consumo de masas y de esta forma resolver en un principio esta interrupción en el ciclo de acumulación.

Fuente: http://eduardogarzon.net/el-taylorismo-y-el-fordismo/ 
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jueves, 10 de octubre de 2013

El movimiento ecologista y la defensa del decrecimiento

Vicenç Navarro

Catedrático de Ciencias Políticas y Políticas Públicas. Universidad Pompeu Fabra y Profesor de Public Policy. The Johns Hopkins University
Desde sus inicios, el movimiento ecologista ha tenido dos vertientes o versiones. Una asume que el mayor problema que tiene la humanidad debido al deterioro del medioambiente se debe al crecimiento demográfico que, al generar el consumo de más y más recursos, llegará a determinar un deterioro total del medioambiente, que será inhabitable.
El autor más conocido de esta versión (que fue homenajeado por el gobierno de la Generalitat en 2009), que podríamos llamar malthusiana, es Paul Ehrlich que terminaba su famoso libro The Population Bomb con este párrafo “La causa más importante del deterioro ambiental a nivel mundial es fácil de ver. La raíz del problema es que cada vez hay más coches, más fábricas, más detergentes, más pesticidas, menos agua, demasiado dióxido de carbono, resultado de que hay demasiada población en el mundo”.
De esta explicación de la crisis medioambiental, Paul Ehrlich deriva su propuesta de solucionarla centrándose en controlar el tamaño de las poblaciones e intentar reducir su crecimiento. Esta versión aparece de muchas maneras y con distintos matices. Suele ir acompañada de la teoría de las limitaciones de los recursos que se están consumiendo y, entre ellos, los recursos energéticos son un ejemplo claro. La futura limitación de las fuentes de energía no renovables tiende a ser el caso citado como causa de alarma y preocupación por los autores pertenecientes a esta tradición.
La otra versión del movimiento ecologista es la que centra la causa del deterioro ambiental, no tanto en el crecimiento de la población, sino en el crecimiento de la utilización de tecnologías o sustancias tóxicas y contaminantes, que pueden sustituirse, independientemente del crecimiento de la población. Su máximo exponente es Barry Commoner que fue el fundador del movimiento ecologista progresista en EEUU y que, diferenciándose de la versión conservadora –que se caracterizó por su determinismo demográfico-, centró sus propuestas en el cambio y sustitución de los recursos y tecnología utilizados, cuestionando la inevitabilidad del deterioro medioambiental que Ehrlich consideraba como consecuencia del crecimiento demográfico. Barry Commoner mostraba la reducción del dióxido de carbono (resultado de sustituir el tráfico de mercancías por carretera por el de tráfico ferroviario, basado en la electricidad) como ejemplo de la reversibilidad del daño medioambiental. Barry Commoner no ponía el énfasis en el crecimiento demográfico sino en la utilización de productos que afectan negativamente al medioambiente y, por lo tanto, a la humanidad. La solución es encontrar sustitutivos a los productos contaminantes. La sustitución de la energía nuclear por las energías renovables como la solar es un ejemplo de ello.
En varios escritos, que se han convertido en clásicos, Commoner analizó la contaminación atmosférica (debida al dióxido de carbono) en varios países desarrollados y subdesarrollados, mostrando que la variable más importante para explicar la calidad ambiental no era la población sino la tecnología utilizada, de manera que países con escasa población podían ser muy contaminantes y países muy poblados no tenían que ser contaminantes, pues podían utilizar tecnologías que no afectaban negativamente al ambiente (Commoner, Barry “Rapid Population Growth and Environmental Stress” y “Population, Development, and Environment: Trends and Key Issues in the Developed Countries”, ambos publicados en elInternational Journal of Health Services, Volumen 21, 1991 y Volumen 23, 1993). La población podía ser una variable influyente en el crecimiento de la toxicidad en el medioambiente, pero el impacto de la tecnología utilizada era varias veces superior al impacto generado por el tamaño de la población. Barry Commoner cuestionaba el catastrofismo que suele caracterizar la versión ecologista conservadora, refiriéndose al mejoramiento de las aguas en varios ríos estadounidenses, resultado de la regulación del flujo de sus aguas.
Esta concienciación de la importancia de la utilización de estas tecnologías y productos contaminantes llevó a Barry Commoner a analizar porqué unas tecnologías eran utilizadas más que otras. Y ello le llevó al estudio de la estructura económica y energética de un país, concluyendo que la estructura de poder que sostiene el tipo de producción era el causante del deterioro ambiental. Y le preocupaba mucho, por ejemplo, la enorme concentración de la propiedad de las energías no renovables que coincidía con la de las renovables. Y de ahí deriva el problema. 
Las teorías del decrecimiento
Una situación semejante existe ahora en algunas de las teorías del decrecimiento. En un momento en el que la economía no crece, causando enormes daños, como el elevado desempleo, aparecen teorías económicas que sostienen que el crecimiento económico es malo, pues consume más y más recursos que son finitos, cuya desaparición causará gravísimos daños, considerando el decrecimiento como una evolución positiva, forzándonos a todos a ser más austeros en nuestro consumo. Como millones de seres humanos ya viven en condiciones de gran austeridad, no queda claro qué es lo que tienen que hacer los países austeros, excepto desincentivar que se consuma más. Su solución, por lo tanto, se aplicaría a los países de gran consumo, comúnmente conocidos como “países económicamente desarrollados”. Y es ahí donde se centra la propuesta de reducir el consumo que se considera un despilfarro de recursos finitos e insustituibles.
El problema con esta propuesta es (tal como Barry Commoner criticaba a Paul Ehrlich) que asume erróneamente que solo hay un tipo de consumo y actividad económica y que hay solo una manera de crecer económicamente (además de sostener también la finitud de recursos y/o su falta de sustituibilidad).
El crecimiento es una categoría contable y tiene un carácter genérico que nos dice muy poco. Se puede crecer económicamente produciendo prisiones y tanques y se puede crecer construyendo escuelas e investigando cómo curar el cáncer. Se puede crecer construyendo grandes edificios o manteniendo los ya existentes para hacerlos más ahorradores de energía y habitables. Ser anticrecimiento, sin más, es una actitud que refleja un cierto inmovilismo que perjudicará a los más débiles de la sociedad como ya estamos viendo ahora, cuando las sociedades están decreciendo. La cuestión no es, pues, crecimiento o decrecimiento sino qué tipo de crecimiento, para qué y para quién. Hoy las necesidades de la población mundial son enormes. Exigir que el mundo deje de crecer es equivalente a negar la posibilidad de mejorar. Ni que decir tiene que existen ya los recursos para permitir una vida digna a todos los ciudadanos del mundo. Ahora bien, alcanzar esta realidad requerirá una enorme redistribución de los recursos que será necesaria pero insuficiente, pues habrá la necesidad de producir más y mejor para satisfacer las enormes necesidades, definidas estas democráticamente.
Esta redistribución no pasa necesariamente por una reducción del crecimiento de los países desarrollados como algunas voces del movimiento por el decrecimiento están sugiriendo. En realidad, y tal como he indicado anteriormente, el tema relevante no es el crecimiento sino el tipo de crecimiento. La sustitución del transporte de mercancías en camión por un sistema ferroviario no contaminante para ahorrar energía o la sustitución del coche contaminante por el coche eléctrico o del coche individual por el transporte público colectivo no suponen necesariamente un crecimiento menor sino otro tipo de crecimiento. Esto es lo que algunos defensores del decrecimiento parecen ignorar. Es necesario redefinir lo que se entiende por crecimiento pero me parece erróneo asumir que hay solo una forma de crecer y concluir, con ello, que el crecimiento económico es intrínsecamente negativo. Como también me parece erróneo asumir que la inteligencia humana, puesta al servicio de las necesidades de la población en lugar de optimizar la acumulación del capital, no pueda redefinir los recursos materiales, de manera que enriquezcan en lugar de que deterioren la calidad medioambiental del planeta. Ejemplos de que ello es posible ya tenemos, como bien documentó Barry Commoner.
Una última observación. Nada de lo que he dicho puede interpretarse como una dilución de mi compromiso en cuanto a la necesidad de tomar medidas radicales para prevenir el deterioro medioambiental y aplaudo el esfuerzo de movimientos ecologistas a favor de concienciar a la ciudadanía del grave problema que se ha creado con el crecimiento actual, poco respetuoso, cuando no hostil, con la calidad medioambiental de donde las poblaciones viven. Pero, es este mismo compromiso el que me exige ser crítico con aquellas voces que parecen añorar nostálgicamente un mundo pasado, negando la posibilidad del progreso. Hace años, debatí con Ivan Illich, criticando su postura opuesta a la universalización de los servicios sanitarios, por considerar que negaban al ser humano su característica de ser autónomo, creando dependencias del sistema médico. Este mirar atrás puede verse fácilmente como una mera actitud regresiva. Y es ahí donde creo que se puede llegar con este discurso anticrecimiento. Se tiene que exigir otro tipo de crecimiento, un crecimiento que responda a las necesidades humanas y no a la necesidad de acumular capital, pero esto es muy distinto a paralizar todo el crecimiento. Me parece un profundo error.


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domingo, 29 de septiembre de 2013

Demagogia fiscal

Por Juan Torres López
En Estados Unidos, el ingreso de las 400 personas más ricas se ha multiplicado por más de cuatro desde 1995, pero han pasado de pagar una media del 29,93% de su renta en impuestos federales a poco más del 15%. En España, los grandes patrimonios pueden tributar al 1% o incluso nada a poco que utilicen sociedades de pantalla o paraísos fiscales para gestionarlos y las empresas españolas soportaron en 2012 un tipo real del 11,6% sobre sus ganancias contables frente al 26% de media en Europa.
Eso ha sido posible gracias a las sucesivas reformas fiscales en España realizadas tanto por el PP como por el PSOE, que han concluido siempre con rebajas impositivas para los propietarios del capital, especialmente inmobiliario y financiero, y para las rentas y patrimonios más elevados.
Para justificar el continuado privilegio fiscal hacia los de arriba lo que se hace es ridiculizar y despreciar a los impuestos y a su función social a base de mentiras y demagogia. Una de las tonterías políticas más grandes que se ha escuchado en los últimos años fue la de Zapatero cuando afirmó que bajar impuestos es de izquierdas y las mentiras más clamorosas y evidentes del Partido Popular tienen que ver con ellos. Prometen siempre que van a reducirlos y critican si otros lo suben pero lo cierto es que nadie los ha elevado tanto como Rajoy: casi en 30 ocasiones desde que gobierna.
Decir que bajar o subir los impuestos es de izquierdas o que hay que hacerlo porque es bueno para todos son tonterías y mentiras que descalifican a quien lo dice por razones elementales.
Como es bien sabido, hay impuestos de distinta naturaleza y, por tanto, con efectos diferentes. No es lo mismo ni afecta por igual a todos subir el IVA de las compresas, por ejemplo, que el de los palos de golf. Además, los impuestos tienen tres posibles y diferentes efectos. Uno es el de recaudar recursos para el sector público, otro el de favorecer o desincentivar unas actividades económicas u otras y, el tercero, redistribuir la renta recayendo en mayor o menor medida sobre las distintas personas físicas o jurídicas. Por tanto, afirmar que siempre es bueno bajarlos o que al hacerlo se beneficia siempre a todos o a toda la economía es sencillamente falso.
Se puede bajar un impuesto o incluso todos ellos y aumentar así la desigualdad que a la postre puede producir una caída en la actividad económica y en consecuencia una disminución de los ingresos que haga que suba la presión fiscal. O se les puede subir buscando más ingreso pero generar con ello un incentivo perverso para actividades que produzcan enseguida crisis o la insostenibilidad de la actividad productiva y al final menos recaudación.
Y como las personas y grupos sociales tenemos ingresos o patrimonios muy diferentes, resulta que decir que se bajan los impuestos cuando se reducen los tipos impositivos a todos por igual es una falacia, pues lejos de beneficiar generalizadamente se sobrecarga en términos relativos a quienes tienen menos ingresos o patrimonio.
Además, las ventajas o inconvenientes de los impuestos no solo dependen de su cuantía sino del beneficio que proporcionan los recursos que generan. Casi siempre que se dice que se bajan se bajan solo a los de arriba, y los de abajo, que son la mayoría de la sociedad, lo suelen pagar muy caro por la merma que sufre, por otro lado, la provisión de servicios públicos.
La reciente propuesta de Izquierda Unida para revisar el sistema fiscal andaluz ha vuelto a destapar el tarro de esas esencias carcas contra los impuestos que no tienen otro efecto que mantener los privilegios a los mismos de siempre. Pero aquí tenemos impuestos mal utilizados, actividades que conviene promover y otras desincentivar, una gestión tributaria deficiente (hay unos 1.700 millones de euros pendientes de recaudación) y la misma o mayor inequidad que en el resto de España. Así que no es demagogia fiscal ni engaño lo que necesitamos sino rigor y más coraje frente a la injusticia.

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martes, 23 de julio de 2013

Discursos que anticipan el estallido. Comunicación política en contextos neoliberales


Alba Sud


“La ideología neoliberal colma de tranquilidad a los más pudientes”
(Jean Ziegler)

Más allá de sus implicaciones sociales, políticas y económicas, la implementación del neoliberalismo tiene también connotaciones en el ámbito de la comunicación. Analizando algunas experiencias históricas del modelo, ¿cómo se configuran los discursos de los representantes públicos antes, durante y después de la puesta en marcha de estas políticas?

Desde finales de los años 70 distintos Gobiernos de democracias occidentales iniciaron la aventura neoliberal, tanto en países centrales como periféricos. La puesta en marcha del recetario (un paquete simple y homogéneo de medidas que no necesita adaptarse a los diferentes contextos a los que se aplicaba) supuso en todos los casos importantes esfuerzos de comunicación.

Un análisis de la comunicación política en contextos de neoliberalismo podría comenzarse unos años antes, en las dictaduras de Augusto Pinochet en Chile (1973) o la Junta Militar en Argentina (1976). No obstante, a estos gobiernos cívico-militares no les fue necesario utilizar el arte de la persuasión política para aplicar o justificar las medidas neoliberales: la sistematización de asesinatos, persecuciones, secuestros, torturas y demás formas de terrorismo de Estado impedían toda crítica a sus programas y hacían vano el uso de cualquier argumento.

Por lo tanto, se tomarán como punto de partida los Gobiernos de Margaret Thatcher Ronald Reagan a finales de los 70 y la década de los 80 en Inglaterra y Estados Unidos, continuando en algunos países de América Latina durante los años 90 y principios de 2000, y finalizando en la actualidad en el sur de Europa.

A partir del ensamblaje de algunas piezas clave de los discursosde los principales responsables políticos en estos distintos momentos históricos, se puede ilustrar cómo se modula y articula el discurso del poder en contextos neoliberales. Un esquema discursivo coherente, integrado por un puñado de ideas repetidas hasta el hartazgo. Relatos que, por su reiteración y simplificación, pueden alcanzar un fuerte grado de interiorización social, incorporándose al “sentido común”.

Medidas que no se anuncian: en campaña nadie es neoliberal

Dado que no existe un partido que públicamente asuma una ideología neoliberal (y seguramente nunca vaya a haber un “partido neoliberal” como tal), este modelo llegó a las democracias occidentales de la mano de partidos políticos de los más diversos colores ideológicos. Partidos de tradición conservadora o socialdemócrata, formaciones de nueva creación, espacios históricamente vinculados al movimiento obrero y sindical o bien coaliciones de partidos [1].

Teniendo en cuenta que las recetas neoliberales han afectado y afectan necesariamente de forma negativa a amplias mayorías sociales, resultan impopulares. Un asunto que no pasa desapercibido para los expertos en marketing político y propaganda. ¿Quién sería capaz de incluir en su programa electoral medidas que van a perjudicar a la mayoría de la población?

En todos los casos, estos partidos llegaron al poder con los países en situación de crisis financiera, desempleo, deuda pública o inflación elevados, y por ende con un grado de descontento social. Las promesas electorales durante las campañas se centraron en ofrecer soluciones a estos escenarios, omitiendo la concreción de cómo se llegaría a éstas [2]. Ninguno de los entonces candidatos habló de recortes de inversión pública, de abandono de la tutela social del Estado, de privatizaciones de bienes y servicios públicos, de reducción de puestos de trabajo y achicamiento del Estado o de mercantilización de derechos sociales.

De esta forma, con propuestas abstractas, una fuerte inversión publicitaria y valiéndose de los errores de sus predecesores, ThatcherReaganMenemFujimoriSánchez de LozadaRajoy o Samarás, entre otros, se alzaron con el poder del Estado. Recién en ese momento, las buenas intenciones y la abstracción de los programas dieron paso a la aplicación del recetario neoliberal.

Empezando a mostrar las cartas: “no hay alternativa”

Fue Margaret Thatcher quién inmortalizara en 1979 la frase “no hay alternativa”, en relación a que el neoliberalismo era la única opción posible, dadas las circunstancias sociales y económicas por las que atravesaba Gran Bretaña en ese momento. Una frase tantas veces repetida por la Dama de Hierro que desde entonces comenzó a utilizarse como sigla, TINA (“There Is No Alternative”).

En el inicio de la puesta en marcha de un programa neoliberal, esta consigna es una de las claves en la comunicación política. El presidente del Gobierno español decía en 2012 que "el Gobierno ha tenido que hacer cosas que no le gusta hacer para salir de la grave situación en la que se encuentra". Dicho de otra forma, “ya nos gustaría poder hacer otra cosa, pero con la herencia que hemos recibido, no tenemos otra alternativa que hacer esto”.

El argumento que justifica el ajuste estructural del Estado es la necesidad de reducción del déficit público, ocultando la fuerte transferencia de riqueza desde el sector público hacia el privado concentrado. Siguiendo con el mandatario español, “corregir el déficit es una obligación y algo imprescindible para España”, o"recortar (...) es imprescindible porque en este momento no hay dinero para atender a los servicios públicos".

En este punto, y para apoyar esta idea, suelen usarse sobre-simplificadas explicaciones del funcionamiento económico. Margaret Thatcher aclaraba décadas atrás “esta verdad fundamental: el Estado no tiene más dinero que el dinero que las personas ganan por sí mismas y para sí mismas. Si el Estado quiere gastar más dinero, sólo puede hacerlo endeudando tus ahorros o aumentando tus impuestos. No es correcto pensar que alguien lo pagará. Ese «alguien»eres «tú». No hay «dinero público», sólo hay «dinero de los contribuyentes»”.

Otros ejemplos de lo mismo: un referente del neoliberalismo en Argentina, Domingo Cavallo [3], mientras anunciaba como Ministro de Economía en 2001 el enésimo ajuste del gasto público, afirmaba que “hay que ir a déficit cero y dejar de vivir de prestado”. También Rajoy arrojaba luz sobre esta cuestión en 2012 asegurando que “lo que no se puede gastar es lo que un país no tiene”.

Como puede verse, resulta curioso que la comunicación de la economía neoliberal, según sea conveniente, puede apoyarse en modelos inteligibles sólo para un selecto grupo de “expertos” (ocultación) o, por el contrario, puede ser tan simplista como las afirmaciones anteriores (reduccionismo). “La teoría económica convencional acostumbra a practicar, no se sabe muy bien si a partes iguales, la ocultación y el reduccionismo desvirtuando el carácter y la percepción de la economía” (Martinez González-Tablas & Álvarez Cantalapiedra, 2013).

Además de querer minimizar la pérdida inexorable de apoyo popular, la idea de la inexistencia de alternativas al neoliberalismo también tiene como trasfondo un intento de des-ideologizar el modelo, queriendo instalarlo en la opinión pública como si fuera una cuestión referente a las ciencias puras. “No nos gusta lo que estamos haciendo (no elegimos, no es ideología), pero no tenemos opción (es una decisión científica)”.

Además de su inevitabilidad y su carácter científico, existen otras cartas de presentación del modelo. La primera, como una “modernización” de las instituciones democráticas y el aparato productivo. Cavalloafirmaba que “vivimos una época de modernización de todo el aparato productivo después de que Argentina había quedado rezagada en todos los sectores”. La segunda, que existe una suerte de consenso global sobre la adopción de este tipo de medidas. “Hay que recuperar la confianza de los mercados” o “hay que estar insertado en el mundo” son frases utilizadas repetidas veces por la primera línea del Partido Popular español.

Ya puesto en marcha el recetario neoliberal, parte de la sociedad, el periodismo y la oposición parlamentaria exige a los Gobiernos explicaciones por la incoherencia entre las propuestas plasmadas durante la campaña electoral y las medidas de política real que se implementan.

En este punto, se pueden ver dos estilos diferenciados de un particular mea culpa. Uno más pragmático:Mariano Rajoy afirmaba en 2013 que “quién me ha impedido cumplir mi programa es la realidad” o “dije que bajaría los impuestos y los estoy subiendo (…) han cambiado las circunstancias y tengo que adaptarme a ellas”. Otro estilo, impunemente “sincericida”: el ex presidente Carlos Menen declaraba meses después de comenzar su andadura neoliberal en la Argentina que “si yo hubiera dicho lo que iba a hacer, nadie me hubiera votado”.

Primeros impactos: “Estamos mal, pero vamos bien”

Cuando los impactos de las medidas neoliberales, en lugar de atenuar la situación de dificultad e insatisfacción que sufrían distintos sectores sociales antes de su puesta en marcha, evidencian un rápido empeoramiento de sus condiciones de vida, un retroceso de sus derechos sociales y un aumento del descontento social, la retórica de los representantes políticos y portavoces del poder debe dar un nuevo giro.

Cuando las cosas empeoran para la mayoría, se intenta transmitir el hallazgo de “brotes verdes”, de una ilusoria “luz al final del túnel”. La idea es que los “sacrificios” que viene haciendo el grueso de la ciudadanía bajo el yugo del libre mercado y sin tutela del Estado están empezando a dar sus frutos. Aunque éstos todavía no sean visibles para los sacrificadospor el modelo.

En un discurso en 1996, Menem sentenciaba que "estamos mal, pero vamos bien". En la misma dirección,Rajoy afirmaba en 2013 que “aún no podemos decir que España va bien, pero va mejor y el rumbo marcado es el correcto”. Este intento por vender esperanza e ilusión a sus votantes tiene como fin seguir pidiéndoles “sacrificios”.

Otra línea argumental consiste en incidir en que las decisiones que adopta el Gobierno son responsabilidad de otros actores o circunstancias.Principalmente, los resultados de las políticas de sus predecesores: afirmaba Mariano Rajoy, con el país plagado de protestas y movilizaciones como consecuencia de las medidas de su Gobierno, que "el PSOE carga con una culpa histórica. Hay que decirlo alto y claro". Thatcher decía que “curar la enfermedad de Gran Bretaña con el socialismo es como intentar curar la leucemia con sanguijuelas”. Y Menem, incluso hasta el último año de su década de mandato, no desistía en señalar “la pesada herencia” dejada por su antecesor.

La culpa de la política y de lo público

El debilitamiento y la denostación de la política y lo público son condiciones sine qua non para la implementación del modelo neoliberal.

Desacreditar a la política como un instrumento de transformación a disposición de las mayorías promueve la desafección y, de esta manera, facilita que ésta pase a ser de dominio del poder económico concentrado. Ronald Reagan dejaba a las claras su visión sobre la política. "Se supone que la política es la segunda profesión más antigua de la Tierra. He llegado a la conclusión de que guarda una gran semejanza con la primera".

Igualmente prostituido debe quedar lo público. Un ex ministro menemista, Roberto José Dromi, en referencia a las políticas de privatizaciones del Gobierno, afirmaba: “nada de lo que deba ser estatal permanecerá en manos del Estado”. No es un dato menor que Dromi en ese momento fuera Ministro de Obras y Servicios Públicos del Estado nacional argentino.

Si la política y lo público son partes del problema, las soluciones deben pasar por lo individual.En palabras de Margaret Thatcher “Están situando el problema en la sociedad. Y «la sociedad»no existe. Hay hombre y mujeres individuales, y también hay familias. Ningún gobierno puede hacer nada excepto a través de cada persona, y las personas necesitan mirar por sí mismas en primer lugar. Es nuestra obligación mirar por nosotros mismos, y después por nuestro vecino”.

Discursos que anticipan el estallido

Cambian los momentos históricos, los contextos mundiales, los territorios y los Estados-nación, las condiciones materiales de subsistencia de los pueblos, los nombres o las tendencias ideológicas de los partidos políticos. Pero en los casos analizados hay al menos tres cosas que no se alteran: las recetas en política económica, sus impactos sociales y los conceptos subyacentes al discurso de quienes, desde las instituciones políticas, deben implementarlas y legitimarlas.

Discursos que niegan lo que van a hacer, lo que hacen, y también las consecuencias de lo que hacen. Discursos que buscan responsables fuera, desacreditan a la política, injurian lo público y tiñen decisiones ideológicas de científicas. ¿Lo hacen por pragmatismo de realpolitik o por vergüenza ideológica?

Más allá de las palabras, parece evidente que los gobiernos neoliberales hacen lo que quieren hacer y saben lo que ello implica. Quieren instalar un nuevo “contrato social” que busque la legitimación de otro régimen de propiedad, con clases dominantes mucho más dominantes, un desmantelamiento y privatización del Estado, y la primacía de la competencia y la lógica mercantil en una sociedad individualista, insolidaria y descohesionada.

Dado que este sistema político y económico profundiza la desigualdad y la injusticia social, empobrece y expulsa a grandes mayorías, estos gobernantes,condenadosa recoger el apoyo popular, necesitan un relato fuerte para poder implementar la versión más voraz que ha conocido el capitalismo en su historia.

Más allá de las palabras, los gobiernos neoliberales han dejado o están dejando los mismos legados económicos, sociales y políticos. Los discursos analizados anticipan el estallido de una crisis social que se va gestando durante todo el tiempo que duran estas medidas. Más allá de que se repita incesantemente la idea de que “no hay alternativa”, en última instancia, y como dijera José Saramago: “la alternativa al neoliberalismo se llama conciencia”.

Notas:

[1] Por ejemplo, Margaret Thatcher llegó al Gobierno desde el Partido Conservador, Ronald Reagan desde el Partido Republicano o Mariano Rajoy desde el Partido Popular. Por su parte, Alberto Fujimori ganó las elecciones generales peruanas con formaciones nuevas, como Cambio 90 y Nueva Mayoría; Carlos Menen se alzó con el poder desde el Partido Justicialista, Fernando De la Rúa fue electo presidente argentino con la Alianza, y Antonis Samarás fue nombrado Primer ministro griego con Nueva Democracia en coalición con PASOK y DIMAR.
[2] Algunos eslóganes de estas campañas coincidieron en sus ideas abstractas. “Amanece en América” o “América ha vuelto” (Ronald Reagan, EEUU); “Revolución productiva y salariazo” (Menem, Argentina); “El laborismo no funciona” (Thatcher, Inglaterra); “Perú, país con futuro”(Fujimori, Perú); “Súmate el cambio” (Rajoy, España).
[3] Cavallo fue presidente del Banco Central durante la Dictadura Militar argentina (1981), Ministro de Economía durante la presidencia de Carlos Menem (1991-1996) y también durante la de Fernando De la Rúa (2001).

Bibliografía citada: 

Martínez González-Tablas, A. & Álvarez Cantalapiedra, S. (2013). “Aportaciones para una representación compleja y abierta del sistema económico capitalista”. Revista de Economía Crítica n. 15. 

Fuente:
 http://www.albasud.org/blog/ es/475/discursos-que- anticipan-el-estallido- comunicaci-n-pol-tica-en- contextos-neoliberales

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martes, 26 de marzo de 2013

Éstas son las medidas finalmente acordadas para atajar la crisis de Chipre


Por Eduardo Garzón Espinosa
Después de varios días de negociación, la troika (Banco Central Europeo, Unión Europea y Fondo Monetario Internacional) y el gobierno de Chipre han alcanzado un acuerdo para evitar la quiebra del sistema bancario chipriota. A cambio de una ayuda parcial prestada por la troika, el gobierno chipriota impondrá las siguientes medidas:
1)      Revisará todos los compromisos de los bancos afectados con la intención de no cumplir buena parte de ellos en relación a determinados acreedores. Es decir, los bancos no devolverán parte del dinero a sus accionistas, por lo que éstos sufrirán cuantiosas pérdidas. Recordemos que los accionistas y otro tipo de acreedores invirtieron su dinero en estas entidades siendo conscientes de que afrontaban un riesgo; podían ganar o perder. Resulta que han perdido y por lo tanto es lógico que ahora tengan que asumir pérdidas.
2)      Se aplicará un impuesto extraordinario a los depósitos bancarios de más de 100.000 euros, quedando a salvo los que dispongan de una cantidad inferior. La cuantía de este impuesto confiscatorio está por determinar, aunque se baraja la posibilidad de que alcance un 20% del total. Mientras este impuesto no se materialice, los bancos seguirán cerrados para evitar que los depositantes afectados puedan retirar sus ahorros. Con esta medida se busca trasladar los costes del desbarajuste bancario a los depositantes más acaudalados. En la medida en que paguen aquellas grandes empresas y grandes fortunas que han depositado allí sus ahorros con el objetivo de evadir impuestos, la disposición podría tener bastante sentido. Pero no olvidemos que no todos los depositantes con más de 100.000 euros en sus cuentas buscan eludir sus obligaciones fiscales.
3)    Se mantendrán los controles de capitales aprobados el pasado viernes 22 de marzo. Estos controles son topes legales a la salida de dinero del país. Se trata de evitar que los extranjeros retiren sus ahorros e inversiones de los bancos chipriotas una vez éstos abran sus puertas (en principio lo harán el martes 26 de marzo). Estos extranjeros tendrán que mantener su capital en el país, ya sea en forma de depósitos o en forma de otros activos locales. Al mismo tiempo, los inversores chipriotas tampoco podrán utilizar su dinero para invertir fuera del país. Los controles de capitales son medidas que secuestran el dinero que actualmente está en el país, obligándolo a no abandonar su territorio. Se trata de una disposición no convencional, incluso enfrentada a los principios económicos vigentes en la Unión Europea, ya que atentan contra la libre circulación del capital. Sin embargo, estos controles de capitales también fueron aplicados en Islandia en 2008. El hecho de que en Islandia todavía sigan vigentes nos sugiere que no será una medida pasajera.
4)      El segundo mayor banco del país, y más afectado de todos, será dividido en dos partes. En una de ellas irán a parar todos los depósitos por debajo de 100.000 euros; mientras que la otra parte recogerá todas las acciones, obligaciones y depósitos que vayan a sufrir una quita. Es decir, los elementos sanos del banco se agruparán formando un nuevo banco (banco bueno), y los elementos que sufrirán las pérdidas se agruparán formando un banco malo. La idea es que el banco bueno pueda seguir funcionando en condiciones normales, y así disipar todas las dudas de solvencia que mantienen muchos depositantes. El banco malo, en cambio, congelará todos sus activos y pasivos para que pueda ser liquidado de una forma ordenada (proceso que requiere mucho tiempo). Por cierto, ésta es otra medida que se llevó a cabo durante la crisis islandesa.
5)      Se obligará al Estado chipriota a no superar una deuda pública del 100%, para lo cual se acometerán diversos recortes, reformas y privatizaciones. A falta de mayor concreción en las medidas y en los plazos no se puede decir mucho más de estas medidas. En principio, supondrán un duro golpe para la economía chipriota ya que enfriarán su actividad, por lo cual es fácil prever una profunda y larga recesión. Ahora bien, podría ocurrir que –como en el caso islandés– no se exigieran estas medidas de inmediato, sino que se establecieran dentro de un tiempo suficiente como para poder amortiguar los efectos más duros de la recesión.

Nos encontramos, por tanto, con una respuesta a esta crisis mucho más inteligente que la que se propuso inicialmente. Los pequeños depositantes no tendrán que pagar los platos rotos de la banca, –tal y como se temía en un principio– y conservarán intactos sus ahorros. El coste del rescate bancario será asumido por los accionistas, por los depositantes más acaudalados, y por el Estado chipriota que tendrá que privatizar propiedades, aumentar impuestos y reducir gastos. Se trata de una respuesta muy alejada de la que podría considerarse ideal, y sin embargo, ya la quisiéramos para nosotros los ciudadanos españoles, griegos, portugueses e irlandeses. En el caso chipriota buena parte de los costes serán trasladados a los accionistas y a las grandes fortunas y grandes empresas que evaden impuestos en el país, mientras que en el caso de los denominados PIGS (Portugal, Italia, Grecia y España, por sus siglas en inglés) la mayor parte del coste es trasladada íntegramente al ciudadano de renta media y baja. Diferencias que en parte se pueden explicar atendiendo a la nacionalidad de los acreedores: mientras en el caso de los PIGS los acreedores son fundamentalmente bancos alemanes y franceses, en el caso de Chipre los acreedores son básicamente empresas y fortunas extracomunitarias. Si unimos esta constatación al hecho de que sean los dirigentes alemanes y franceses los que llevan la voz cantante en la troika, entenderemos mucho mejor el trato diferenciado en la crisis chipriota.
Fuente: http://eduardogarzon.net/estas-son-las-medidas-finalmente-acordadas-para-atajar-la-crisis-de-chipre/
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lunes, 25 de marzo de 2013

UN EJEMPLO PARA UNA EUROPA EN CRISIS: ECUADOR SE NEGÓ A PAGAR LA DEUDA Y PROSPERÓ

Por CARLOS JÁTIVA, Embajador de Ecuador en París

Como España hoy, hace unos años, Ecuador era el país sudamericano que más parte de su presupuesto consagraba al pago de su deuda soberana. En 2005, Quito atribuyó el 40% del presupuesto público al pago de los intereses de la deuda mientras los gastos de sanidad y educación se reducían al 15%. Se satisfacía primero a los acreedores extranjeros, en detrimento de las necesidades fundamentales de la población. Un endeudamiento ilegítimo, una dependencia económica y financiera y un aumento de las desigualdades constituían las principales características de aquel Ecuador. Ante ese estado de hechos, en noviembre de 2006, a través de la vía electoral, los ecuatorianos llevaron a Rafael Correa a la presidencia de la República. Y con él todo cambió.

Al asumir el cargo en enero de 2007, Rafael Correa preconizó una “Revolución Ciudadana”, no violenta y democrática, que favoreciera la integración, la solidaridad y la equidad. Para alcanzar tales objetivos, era necesario asumir el poder a fin de transformarlo en poder popular, para provocar cambios en las estructuras desiguales existentes, puesto que el verdadero de­sarrollo sólo es posible a través de la modificación de las relaciones en el seno de la sociedad.

Correa decidió optar por la vía alternativa de dedicar los fondos estatales al gasto social y productivo, reduciendo de forma significativa la proporción del presupuesto asignada al pago de la deuda externa, y aumentando considerablemente la inversión humana. La realización de esta política fue posible gracias, en gran medida, a los resultados de la auditoría de la deuda externa y al rechazo de las deudas consideradas ilegítimas. Para lograrlo, Ecuador tuvo que atravesar un camino plagado de obstáculos. 

En el periodo de 1982 a 2006, la deuda externa en su totalidad (privada y pública) no hizo más que aumentar. Las ligeras “correcciones” derivadas de las diferentes condonaciones y renegociaciones nunca llegaron a frenar su vertiginoso ascenso, que pasó de 241 millones de dólares en 1970 a 17.000 millones de dólares en 2006. Representó como media, en el conjunto del mismo periodo, casi el 61% del producto interior bruto (PIB). Ecuador padecía entonces una verdadera hemorragia: si se calcula la diferencia entre las sumas recibidas de los prestamistas extranjeros y las sumas reembolsadas, se constata que la transferencia neta respecto a la deuda era negativa.

En ese periodo, más de 13.500 millones de dólares salieron de Ecuador para reflotar a los diferentes acreedores extranjeros. Así pues, esa lacra se fue transformando en un instrumento de dominación y de expolio de los países deudores, concebido por y para los países acreedores y las instituciones financieras internacionales. Además, Quito transfirió más de mil millones de dólares a los organismos multilaterales –Banco Mundial, Banco Interamericano de Desarrollo, Banco de desarrollo de América Latina, Fondo Monetario Internacional– y, sin embargo, su deuda aumentó.

Los intereses de la deuda representaban, en 2004, el 145% de los ingresos fiscales petroleros y, en 2006, el 200%... Si esta tendencia se hubiera mantenido, Ecuador hubiera agotado sus reservas petroleras en 25 años sin haber invertido esa riqueza en apoyar su desarrollo. Por otra parte, sólo el 14% de las sumas prestadas entre 1989 y 2006 se utilizaron para proyectos de desarrollo (agua potable, energía, irrigación, transportes, telecomunicaciones, infraestructura social y apoyo a las empresas). El 86% restante sirvió para devolver el capital y los intereses de la deuda externa.

El presidente Rafael Correa se comprometió a poner fin a semejante círculo vicioso del pago de la deuda y de acuerdos para la refinanciación de todo tipo. Para ello, creó la “Comisión para la Auditoría Integral del Crédito Público” (CAIC) el 7 de julio del año siguiente. El Gobierno pretendía de ese modo impulsar la identificación de las deudas ilegítimas, tanto con los acreedores multilaterales (BM, FMI, BID) como con los acreedores bilaterales. En base a los resultados de la auditoría, Ecuador renegociaría entonces el pago de la deuda externa. Decidió no pagar las deudas que no hubieran beneficiado a la población o que se hubieran contraído de forma fraudulenta, y emprender acciones jurídicas contra los responsables de la situación de endeudamiento. 

La posición de Correa fue clara: la deuda externa se pagará en la medida en que no afecte a las prioridades del desarrollo nacional. Posición que no excluye la opción de una moratoria si la situación económica lo exige. El Gobierno se posicionó así como “país acreedor” frente a una deuda ya ampliamente pagada y de la cual una buena parte era ilegítima, lo que justificaba su no devolución.

Un ejemplo de deuda ilegítima fue la decisión del Gobierno noruego de anular la deuda ecuatoriana. A finales de los años 1970, la industria noruega de construcción naval se encontraba en mala situación. Oslo decidió poner en marcha una “Campaña de exportación de navíos” y se aprobaron numerosos préstamos sin considerar la realización efectiva de los proyectos previstos ni la capacidad de reembolso de los países deudores. De los 36 proyectos concluidos con 21 países, sólo dos consiguieron satisfacer su deuda. Ecuador fue uno de los países que no llegó a hacerlo. Gracias a la presión de activistas por la anulación de la deuda tanto en Noruega como en Ecuador, el Parlamento y el Gobierno noruegos terminaron por tomar conciencia de que tales actuaciones eran inadmisibles. El 2 de octubre de 2006, el ministro noruego de Desarrollo Internacional anunció la anulación de la deuda para los países que, como Ecuador, aún debían entonces 36 millones de dólares.

Las renegociaciones con los acreedores internacionales habían empezado en 1983 cuando la deuda comercial de las empresas privadas ecuatorianas pasó a ser responsabilidad del Estado, ya que éstas no tenían recursos para cumplir con sus obligaciones económicas (como pasa hoy en España con los bancos). El proceso de renegociación conoció diversas peripecias, pero las cosas no cambiaron realmente hasta que, en 2007, siete meses después de su elección, el presidente Correa decidió crear la CAIC. Las conclusiones mostraron que numerosos préstamos habían sido concedidos violando reglas elementales del derecho internacional.

Como ocurre hoy en Grecia, en Portugal o en España, esas condiciones de crédito aceptadas obligaron a Ecuador a iniciar reformas estructurales que garantizaran modelos de pago de la deuda, en detrimento del crecimiento económico y de los derechos sociales de la población. 

Se llegó así a la sexta renegociación, en noviembre de 2008. Quito decidió suspender el pago de títulos de deuda con fecha de vencimiento, algunos para 2012, y otros para 2030. Rafael Correa propuso una reestructuración de la deuda, no por falta de dinero, sino porque existían indicios de ilegitimidad y de ilegalidad de la deuda. El Presidente Correa señaló que la renegociación debía tener en cuenta, no sólo las exigencias de los acreedores, sino también las demandas del Gobierno, tomando ante todo en consideración las posibilidades de pago del país, únicamente después de haber satisfecho las necesidades sociales del pueblo.

En junio de 2009, Ecuador consiguió readquirir títulos de deuda por valor de 3.200 millones de dólares por sólo 900 millones de dólares, es decir, con una reducción de entre un 65% y un 70% de su valor. Si tenemos en cuenta los intereses que Ecuador ya no tendrá que pagar, puesto que ha comprado títulos que vencen en 2012 y en 2030, el Tesoro Público ahorró en torno a 7 280 millones de dólares para los próximos 21 años. Esto ha permitido encontrar nuevos medios financieros y aumentar el gasto social en la sanidad, la educación, la ayuda social y el desarrollo de infraestructuras de la comunicación.

Como consecuencia, la deuda de Ecuador descendió de 17.475 millones de dólares en 2008 a 13.686 millones en mayo de 2011, lo que representa una reducción de 3.789 millones de dólares. El saldo de la deuda externa pública fue restablecido a 8.705 millones, mientras que el de la deuda privada quedó en 4.981 millones.

Esta actitud original y soberana del Gobierno responde a preceptos precisos inscritos en la nueva Constitución ecuatoriana aprobada por sufragio universal en septiembre de 2008. En especial, el artículo 290 somete todo endeudamiento futuro a las siguientes reglas:

1. Se recurrirá al endeudamiento público sólo cuando los ingresos fiscales y los recursos provenientes de la cooperación internacional sean insuficientes.
2. Se velará para que el endeudamiento público no afecte a la soberanía, los derechos, el buen vivir y la preservación de la naturaleza.
3. Con endeudamiento público se financiarán exclusivamente programas y proyectos de inversión para infraestructuras, o que tengan capacidad financiera de pago. Sólo se podrá refinanciar deuda pública externa, siempre que las nuevas condiciones sean más beneficiosas para Ecuador.

La no devolución de la deuda decidida por Rafael Correa, le ha permitido a Ecuador ahorrar casi 7.000 millones de dólares (intereses incluidos), que se han reinvertido en el ámbito social.

Por otra parte, entre 2006 y 2011, el porcentaje del presupuesto estatal dedicado a la devolución de la deuda pasó del 24 al 7%, mientras que el relativo a los gastos sociales aumentó del 12 al 25%. Además, el crecimiento del PIB alcanzó una media del 4% desde 2006 y de un 7,8% en 2011, lo que permitió financiar el aumento de los salarios, las pensiones y la mejora general de las condiciones de vida.

En mayo de 2010, a raíz de un encuentro con el ex primer ministro griego Yorgos Papandreu, Rafael Correa le aconsejó, pero en vano, que Atenas dejase de pagar su deuda. Le explicó en términos simples pero significativos: “Es la lógica financiera: te caíste, me pagas más y más caro. Cuando la lógica del desarrollo tendría que ser: te caíste, pues te levanto y después ya veremos cómo nos arreglamos”. Reiteró este consejo el 8 de octubre de 2011 a los países europeos afectados por la “crisis de la deuda”, que no es más que un pretexto para la implementación de políticas austeritarias.

Si analizamos las medidas regionales, coherentes con las políticas mencionadas, se puede destacar que en marzo de 2007, siete países de UNASUR (Argentina, Venezuela, Bolivia, Ecuador, Paraguay, Brasil y Uruguay) decidieron restablecer márgenes de maniobra creando el Banco del Sur, una institución financiera que dispondrá de una parte de las inmensas reservas –entre 7.000 y 20.000 millones de dólares– para el desarrollo del continente.

Y Ecuador añadió otros dos pilares a la nueva arquitectura financiera regional con la Declaración de Quito de mayo de 2007. Propone la creación de un fondo de estabilidad regional, el Fondo del Sur, y una unidad de cuenta común que abra el camino a la futura unión monetaria sudamericana. De ahí el SUCRE, o Sistema Unitario de Compensación Regional de Pagos, boceto de una moneda común.

Tras cinco años de Revolución Ciudadana, Ecuador ha logrado encontrarse por primera vez en una situación que le permite realizar una distribución adecuada de la renta y la riqueza, promover la producción nacional, la integración regional, el respeto a los derechos de los trabajadores y la estabilidad económica.
Aunque todavía quedan objetivos por alcanzar, las cifras de la revolución productiva y económica son reveladoras de un cierto optimismo. El paro y los contratos precarios se han reducido, la pobreza ha disminuido. Según la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), Ecuador es el segundo país de la región que más ha reducido su índice de pobreza, que ha caído 9 puntos situándose en un 28,6%. En 2011, 650.000 personas salieron de la pobreza.

Gracias al crecimiento económico y a la gestión responsable de las finanzas, la deuda pública en relación al PIB ha descendido a su nivel más bajo en la historia. En octubre de 2011, se situaba en un nivel del 22% (14% de deuda externa y 8% de deuda interna). Ecuador ha conseguido imponerse a la deudocracia. Y ya no está en venta.

Fuente: http://www.monde-diplomatique.es/?url=mostrar/pagLibre/?nodo=c0c9a682-d412-4501-9cfd-cb6874237206

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